Opacidad, ¿el precio del desarrollo?

Intolerancia Diario
02 Julio 2019
Opacidad, ¿el precio del desarrollo?

El presupuesto que siempre es limitado está repartido hasta el último centavo, darle un peso a una persona, situación o proyecto implica quitárselo a otro.

Los gobiernos encuentran su notoria justificación, más que en su sistema político o modo particular de ser gobernadas, en los grandes proyectos de infraestructura y obra pública que se proponen periodo con periodo.

Aunque el alcance y la determinación de cada uno de ellos depende del ámbito en que se propongan, lo cierto es que desde los megaproyectos nacionales como el Aeropuerto, hasta los transversales que benefician a diversos estados o incluso alumbrado público y repavimentación que competen exclusivamente a los municipios, todos y cada uno de ellos se enfrentan a distintas previsiones y complicaciones que suelen converger en dos rubros generales: problemas técnicos y políticos, y falta de financiamiento.

Aquí no nos faltan ejemplos. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se construía en Texcoco, fue cancelado a pesar de ir a poco más de un tercio del total del proyecto inicial. En cambio, nos propusieron un Tren Maya y una Refinería en Dos Bocas, Veracruz, que sin Manifestación de Impacto Ambiental o todos los permisos correspondientes ya comenzaron, por decisión del Ejecutivo Federal.

El problema del financiamiento, por otro lado, no es menos grave. Vivimos en una sociedad cuya economía de mercado rige todas y cada una de las interacciones diarias. Lo que los economistas llaman “Pareto eficientes”; es decir, el presupuesto que siempre es limitado está ejercido hasta el último centavo, por lo que darle un peso a una persona, situación o proyecto implica quitárselo a algún otro.

Las entidades federativas dependen, por lo tanto, de las transferencias federales para impulsar su obra pública. Promesas de campaña o exigencias sociales, presidentes municipales y gobernadores se han visto acorralados por no poder cumplir, por falta de fondos.

Puebla es un caso excepcional. El finado Rafael Moreno Valle fue pionero en abusar de la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP), que son aquellas que se realizan con esquemas financieros para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado. Lo anterior, a efecto de otorgar la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utiliza infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado.

Es decir, el estado entra en un pacto con los particulares para que ellos construyan y otorguen infraestructura, a cambio de una deuda a largo plazo que no es registrada en los archivos contables del año en que se contrae la obligación. Para la hacienda pública, la deuda no existe, aunque para el particular la promesa de cobro es una realidad.

Gracias a este esquema, envuelto en tremenda opacidad, Moreno Valle impulsó un boom en la obra pública del estado: tras su mandato, la entidad tenía una deuda no registrada en el gasto contable de entre 23 mil y 40 mil millones de pesos. A este número suma la gran cantidad de Proyectos de Prestación de Servicios, multianuales, que obligaron a Puebla en proyectos a mediano plazo.

Cuando Morena arrasó en las elecciones de 2018 para presidente, diputados federales, senadores, gobernadores y presidentes municipales, lo hizo con base en un discurso disruptivo que puso en el centro del debate la corrupción y la opacidad como enemigos públicos principales.

Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa electa en Puebla Capital, abanderó esta causa. Sin embargo, acompañada de una errática gestión, gastos discrecionales, viajes fuera del país y la desatención a las demandas de los capitalinos, se presentó la Evaluación de capitales 2019, que le otorgó a la presidenta municipal morenista una calificación de 58.8 sobre 100 en materia de transparencia.

La medición identificó el nivel de transparencia y acceso a la información de las capitales del país y otras ciudades, tomando en cuenta los siguientes rubros: gastos, obras, bienes y sus usos, administración, urbanidad, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención ciudadana. En el tema de obras, Puebla obtuvo una calificación de tan solo 35.3.

En lugar de recibir acciones, los poblanos obtuvimos justificaciones. Argumentando ciclos políticos, tiempos electorales e incluso oposición de otras fuerzas políticas, la situación es incluso peor que la que se vivió con el PAN. El gobernador electo, Miguel Barbosa, ha prometido terminar con el círculo vicioso.

¿Será esta la oportunidad para Puebla? La convicción debe ser hacer las cosas, pero hacerlas bien. No obras faraónicas o innecesarias que sólo den exposición, a costa de endeudar a su población. Porque las deudas del estado y el municipio se pagan con impuestos y derechos. No más opacidad. Porque no solo merecemos transparencia; la exigimos.

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